4 de marzo de 2022.- Aunque Perú firmó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) en el año 2017, a la fecha, este instrumento regional no ha sido ratificado por el Estado. Por tanto, diferentes organizaciones afroperuanas se encuentran realizando las acciones necesarias para que sea una realidad y el país avance hacia la formulación de leyes y políticas que protejan y garanticen los derechos de los pueblos étnicos presentes en el país.
Organizaciones como el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP) adelantan acciones y estrategias en busca de la igualdad y la equidad de esta población. Sus líneas de acción están orientadas a fortalecer elementos de identidad, autoestima, así como la lucha en contra del racismo étnico racial.
Cecilia Ramírez Rivas, directora ejecutiva de CEDEMUNEP, destaca que a lo largo de 24 años han emprendido acciones y capacitaciones que han involucrado a las mujeres afroperuanas y que han salido adelante gracias al compromiso de sus integrantes.
Este trabajo ha sido posible gracias a la articulación de diferentes organizaciones civiles que han visibilizado las demandas de las mujeres afroperuanas en diferentes espacios y organismos del Estado, como los ministerios de la Mujer, Justicia, Educación, Salud, Cultura, entre otros.
Precisamente ese trabajo en coordinación estratégica permitió que en 2020 el Congreso de Perú declarara que el 25 de junio se conmemora el Día Nacional de la Mujer Afroperuana. Y existen al menos, como señala Ramírez, otros dos proyectos de ley en trámite, uno relacionado con la creación de la Ley de Titulación de la Propiedad Territorial de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos y el Proyecto de Ley 552/2021, que propone el reconocimiento pleno y el registro de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas u originarios, y pueblos afroperuanos, ambos proyectos, expuestos y radicados por la legisladora Silvana Robles Araujo.
“Las organizaciones afroperuanas estamos haciendo un trabajo de sensibilización que no solo está orientado hacia el Congreso, como el órgano que aprueba la legislación, sino también para nosotras, porque también es importante que las organizaciones afroperuanas y la ciudadanía conozcan estos procesos y la importancia de la ratificación de la CIRDI”, manifiesta la directora ejecutiva de CEDEMUNEP.
Como recordó Ramírez Rivas, las Convenciones tienen un efecto vinculante, por lo que, al ratificar la CIRDI, Perú debe adecuar sus leyes para cumplir con los principios de ese instrumento regional.
Una vez que el Estado peruano ratifique la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia, son varios los elementos que deberán ser atendidos: la puesta en marcha de la Política Nacional del Pueblo Afroperuano, impulsada desde el Ministerio de Cultura; una lucha más frontal contra la discriminación racial; y el impulso de una ley que lleve a que el racismo sea un delito penado.
El racismo, en palabras de Ramírez Rivas, es una barrera que no permite el avance en sectores y áreas como la educación, salud, empleo, entre otros, y más aún si se considera que la pandemia profundizó las brechas de desigualdad en muchas poblaciones y pueblos de América Latina y el Caribe.
“Como pueblo afroperuano enfrentamos diversos problemas, pero solos no los vamos a solucionar. Tenemos que trabajar de la mano de aliados dentro de las instituciones del Estado. Valoramos las acciones y el acompañamiento que hemos tenido por organizaciones como Raza e Igualdad, entre otras, porque todos debemos entender que el racismo y la discriminación racial es un problema que muchos no lo identifican como tal”, apunta la directora ejecutiva de CEDEMUNEP.
“Esperamos que el Estado peruano agilice la ratificación de esta Convención. Sabemos que hay voluntad y queremos que esto trascienda y se haga real”, menciona la activista afroperuana Cecilia Ramírez.
Raza e Igualdad, desde la campaña CIRDI 2024: Hacia una Región Libre de Discriminación Racial, continuará brindando asistencia técnica y desarrollo de capacidades a los gobiernos y a la sociedad civil, en virtud de lograr legislaciones que incluyan y protegan a los pueblos étnicos en el Perú.
